La situación de vulnerabilidad económica entre los trabajadores españoles ha experimentado un deterioro alarmante en los últimos años. Aunque España ha logrado reducir globalmente el riesgo de pobreza o exclusión social durante la última década, este avance no ha beneficiado a quienes cuentan con un empleo remunerado. Actualmente, más de 1,25 millones de asalariados se encuentran en una situación de carencia material y social severa, incapaces de afrontar gastos esenciales como mantener la calefacción durante el invierno, hacer frente a imprevistos económicos o pagar el alquiler puntualmente.
Esta cifra representa el 6,9% del total de trabajadores por cuenta ajena en el país, más del doble que en 2019, cuando apenas 591.000 personas (el 3,6%) se encontraban en esta situación crítica. El contraste con la media europea resulta especialmente revelador: mientras en la Unión Europea este indicador apenas ha variado en el mismo período, pasando del 3,3% al 3,7%, España ha experimentado un incremento exponencial que la sitúa como el tercer país con mayor tasa de carencia severa entre asalariados, únicamente superada por Grecia (9,2%) y Bulgaria (8,2%).
El concepto de carencia material y social severa
Para comprender la magnitud del problema, es fundamental entender qué significa exactamente estar en situación de carencia material y social severa. Según los criterios de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, una persona se encuentra en esta categoría cuando no puede costear al menos siete de una lista de trece necesidades básicas. Esta relación incluye aspectos tan fundamentales como consumir proteínas (carne o pescado) al menos cada dos días, sustituir ropa deteriorada, mantener contacto social con amigos una vez al mes, o disponer de ciertos bienes duraderos en el hogar.
Esta carencia representa una de las tres circunstancias que conforman la tasa AROPE (At Risk Of Poverty or social Exclusion), el indicador oficial que utiliza Bruselas para establecer sus objetivos en materia de política social. Las otras dos dimensiones son vivir en un hogar cuyos ingresos totales se sitúan por debajo del 60% de la renta mediana nacional, y residir en hogares con baja intensidad laboral, donde el trabajo escasea. Entre los asalariados españoles, la tasa AROPE ha escalado del 12,7% en 2015 al 14,8% en 2025, alcanzando su nivel más elevado desde que comenzó a medirse esta estadística.
La paradoja de los ingresos suficientes pero insuficientes
Uno de los aspectos más preocupantes de esta tendencia es que la mayoría de los asalariados que no pueden cubrir necesidades básicas técnicamente tienen ingresos superiores al umbral de pobreza. Las estimaciones basadas en datos de Eurostat sugieren que entre 870.000 y 950.000 de los 1,25 millones de trabajadores en carencia severa superan ese umbral, lo que representa entre el 70% y el 75% del total. En 2019, esta proporción era mucho menor: entre 210.000 y 295.000 personas, apenas entre el 36% y el 50%.
Esta aparente contradicción encuentra su explicación en la metodología utilizada para calcular el umbral de pobreza, que se establece anualmente como el 60% de la renta mediana del país. Cuando los ingresos generales de la población aumentan, el umbral sube proporcionalmente, incluso aunque el poder adquisitivo real de los hogares con menos recursos no mejore. Por el contrario, el indicador de carencia material mide la capacidad efectiva de las familias para pagar bienes y servicios con los precios vigentes en cada momento, ofreciendo una fotografía más realista de la situación económica cotidiana de los hogares.
El impacto de la inflación y los precios
Todo apunta a que el incremento sostenido de los precios constituye el principal factor detrás del aumento de la carencia entre trabajadores. Los datos revelan dos momentos críticos de aceleración: el primero llegó en 2020, el año de la pandemia, cuando el porcentaje de asalariados incapaces de pagar lo básico saltó al 5,5%. El segundo salto significativo se produjo en 2023, tras la espiral inflacionaria del año anterior, situando la tasa en el 6,8%. Desde entonces, el indicador se ha mantenido entre el 6,5% y el 6,9%, evidenciando que el daño no se ha revertido pese a la moderación reciente de la inflación.
Durante la crisis financiera de la década pasada se produjo un fenómeno similar aunque con matices diferentes. Cuando las rentas generales cayeron drásticamente, el umbral de pobreza descendió con ellas, de modo que el porcentaje de asalariados con ingresos por debajo de ese umbral llegó incluso a reducirse hasta el 8,3% en 2013, en pleno apogeo de la destrucción de empleo. Sin embargo, la capacidad real de las familias para cubrir gastos básicos no mejoró, como demostró posteriormente la evolución de los indicadores de carencia material.
Perfiles demográficos de la vulnerabilidad laboral
El análisis por grupos de edad revela que la carencia severa resulta más frecuente entre los asalariados de 35 a 54 años, el segmento que tradicionalmente se considera en el cénit de la vida laboral. En este colectivo, la tasa alcanza el 7,6%, superando el 5,7% de los trabajadores de 25 a 34 años y el 6,2% de los mayores de 55. Precisamente en la franja de 25 a 54 años es donde más ha crecido la tasa AROPE entre trabajadores por cuenta ajena, pasando del 13,3% de 2015 al 15,4% actual.
En cuanto a diferencias de género, las mujeres asalariadas mantienen una tasa de carencia severa ligeramente superior, del 7,4%, pero el deterioro ha sido más acelerado entre los hombres, cuya tasa se ha más que duplicado desde 2015, escalando del 2,7% al 6,4%. La tasa femenina partía entonces del 4,5%. Respecto a los ingresos, la proporción de asalariados hombres por debajo del umbral de pobreza es igual o mayor que la de las mujeres desde 2018, situándose en 2025 en el 10,1%, frente al 9,1% de ellas.
Comparación con otros países y colectivos
La evolución española contrasta dramáticamente con la de otros países del sur de Europa. Italia y Portugal, que hace una década registraban tasas muy superiores a las españolas, han conseguido reducirlas con fuerza. La tasa italiana de carencia severa entre asalariados ha descendido del 7,7% al 3,1%, mientras que la portuguesa ha caído del 6,4% al 2,2%. Entre las grandes economías europeas, solo Alemania ha experimentado también un crecimiento de la carencia entre sus trabajadores desde 2019, aunque desde niveles mucho más bajos: del 1,2% al 3,6%. Francia se sitúa en el 3,9%.
Comparando con otros colectivos laborales, los trabajadores por cuenta propia o autónomos presentan una realidad diferente. Aunque el 21,9% vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza, muy por encima de los asalariados, el porcentaje de los que no pueden pagar lo básico apenas ha aumentado, del 2,4% en 2015 al 3,5% en 2025. Esta diferencia sugiere que, pese a tener ingresos más irregulares o inferiores, este colectivo ha logrado mantener mejor su capacidad para cubrir necesidades esenciales.
El cambio en el perfil de la exclusión social
A pesar de que tener un empleo continúa siendo la mejor protección frente a la exclusión social, esta protección se ha debilitado considerablemente. Entre los adultos sin trabajo, la tasa AROPE alcanza el 47,9%, tres veces más que entre los ocupados (16%). Sin embargo, hace una década la situación era diferente: la tasa de quienes no tenían empleo era del 53,6% y ha descendido más de cinco puntos, mientras que la de los ocupados ha subido ligeramente desde el 15,3% de 2015.
Este cambio ha transformado radicalmente el perfil demográfico de quien se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión. Hace diez años, solo el 28,3% de los adultos en esa situación tenía un empleo. Actualmente son el 43,8%, casi la mitad. Esta transformación no resulta tan evidente cuando únicamente se analizan los datos de ingresos, porque una parte significativa de estos trabajadores gana lo suficiente para quedar por encima del umbral de pobreza, pero no para cubrir los gastos básicos en el contexto actual de precios.
En clave: Por qué importa
El deterioro de las condiciones de vida de más de un millón de trabajadores españoles pone de manifiesto una fractura profunda en el modelo socioeconómico del país. A diferencia de crisis anteriores, donde el desempleo era el principal factor de exclusión, ahora tener un trabajo ya no garantiza escapar de la vulnerabilidad material. Esta situación plantea interrogantes serios sobre la calidad del empleo generado, la adecuación de los salarios al coste de vida real y la efectividad de las políticas sociales actuales.
La posición de España como tercer país de la Unión Europea con mayor carencia severa entre asalariados, mientras otros países mediterráneos han mejorado significativamente, sugiere que las políticas implementadas no están siendo suficientemente efectivas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El hecho de que casi tres cuartas partes de los afectados tengan ingresos superiores al umbral de pobreza pero no puedan cubrir necesidades básicas evidencia que los umbrales estadísticos tradicionales ya no reflejan adecuadamente la realidad económica de las familias en un contexto de inflación persistente.
Esta tendencia tiene implicaciones directas para la cohesión social, el consumo interno, la sostenibilidad del sistema de pensiones (dado que afecta especialmente a trabajadores en edad productiva central) y la capacidad de las nuevas generaciones para planificar su futuro. La duplicación de trabajadores en situación de carencia severa en apenas seis años constituye una señal de alarma que exige respuestas estructurales más allá de medidas coyunturales, especialmente en aspectos como vivienda, costes energéticos y adecuación salarial a la realidad del mercado.
